Quizás sea que un membrete de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) asusta menos que uno de Hacienda, pero no dejar de resultar sorprendente que desde una empresa se reciban notificaciones oficiales y no se de la más mínima respuesta, en especial cuando se refieren a procedimientos que pueden terminar, como fue el caso, en una sanción económica.

En el Procedimiento Nº PS/00136/2011 vemos como la empresa denunciada comenzó por no atender el derecho de acceso que le solicitó una persona física, por lo que ésta solicitó una Tutela de Derechos ante la AEPD. A tal solicitud se dio igualmente la callada por respuesta, lo que desembocó en el procedimiento sancionador enlazado, al que el denunciado tampoco hizo alegación alguna.

Finalmente el Director de la AEPD resolvió:

PRIMERO: IMPONER a la entidad XXX, por una infracción del artículo 16 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.e) de dicha norma, una multa de 6.000 euros (seis mil euros) de conformidad con lo establecido en el artículo 45 en sus apartados 2, 4 y 5 de la citada ley orgánica.

Y tampoco es que sirva responder cualquier cosa, pero en este caso ya vimos que al denunciado le salió caro el silencio.

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