En una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se plantea la viabilidad jurídica de la creación a través de una web de una base de datos común a la que sólo tendrían acceso las empresas asociadas a la consultante que asumirían el compromiso de aportar los datos de carácter personal de sus trabajadores con su consentimiento y con la finalidad de poder comprobar los datos de los candidatos a ofertas de empleo de dichas empresas asociadas.

En el sistema descrito, cada una de las empresas que decidieran asociarse a la consultante para hacer uso de la base de datos común, sería responsable del fichero de sus respectivos trabajadores, asumiendo la consultante la condición de responsable de la página web donde consultar el fichero o base de datos común al que se accedería mediante una clave cifrada e individual y dotada de trazabilidad y marca electrónica.

En su respuesta a través del Informe Jurídico 2010-0201, la AEPD indica que aunque los datos personales de sus empleados que las empresas deberían aportar a esta base no comprenderían datos sensibles (afiliación sindical o salud) ni datos relativos a la remuneración y situación familiar, sí que figura un código identificativo de la causa de suspensión o extinción de la relación laboral, existencia de reclamaciones judiciales contra la empresa efectuadas por el trabajador, así como si es susceptible de nueva contratación en función de respuestas a preguntas que no se concretan, extremos estos últimos que pueden afectar negativamente a la reputación del trabajador y a su futura empleabilidad, lo que convertiría a la base de datos común accesible por Internet por las empresas asociadas en una “lista negra”.

Ya que el concepto “lista negra” no está reflejado en nuestro derecho, la AEPD hace referencia a normas europeas para afirmar que, salvando aquellos supuestos en que las listas negras tienen de alguna manera una base legal, como sucede en el derecho español con los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, la inclusión de datos personales en un lista negra requeriría el consentimiento del interesado para ser conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos.

Finalmente sentencia:

Pues bien, teniendo en cuenta que la cesión de los datos señalados por el consultante no podría entenderse amparada en el consentimiento libre de los trabajadores, y en la medida en que la base de datos común pudiera tener efectos adversos para el empleo y relación laboral de los afectados titulares de los datos, esto es, podría considerarse una “lista negra de trabajadores”, no procedería la creación a través de la web de la consultante de la base de datos que propone en su escrito.

Si disfrutaste nuestro artículo, siéntete libre de suscribirte a nuestro feed rss