La entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 27 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, popularmente conocida como “ley Omnibus”, ha supuesto algunos cambios en relación con el tratamiento de las imágenes a través de sistemas de videovigilancia por razones de seguridad.
Aunque la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya había publicado una Nota de Prensa sobre este tema, lo aclara con más peso jurídico en el Informe 0650/2009 de su Gabinete Jurídico.
La postura de la Agencia en esta materia se sigue fundamentando en la Instrucción 1/2006 sobre videovigilancia, que entre otros requisitos, establece la necesidad de legitimación para que el tratamiento de las imágenes sea lícito, indicando que “la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”.
Anteriormente, para que el tratamiento de imágenes con fines de seguridad fuese legítimo, era necesario que la instalación la efectuase una empresa de seguridad debidamente autorizada por el Ministerio del Interior, que previamente hubiese cumplido los requisitos legalmente establecidos. Sin embargo, la reforma legal, al incluir la modificación de determinados artículos de la Ley de Seguridad Privada, permite a cualquier empresa o particular realizar las actividades que se han descrito, sin necesidad de cumplir los requisitos de autorización del Ministerio del Interior, exigidos hasta la fecha.
En definitiva, la mencionada disposición determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá; “vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De este modo, dado que la Ley permite la instalación y mantenimiento de dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes, sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y a las finalidades previstas en la Ley de Seguridad
Privada.
No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora; esto es, que el dispositivo sea contratado, instalado y mantenido por una empresa de seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior y que el contrato sea notificado a dicho Departamento.
Por otro lado, al margen de la modificación operada en la Ley de Seguridad Privada y por tanto en la fundamentación de la legitimación para el tratamiento de las imágenes por razones de seguridad, el resto de requisitos exigidos tanto en la LOPD, como en la Instrucción 1/2006 siguen vigentes como son, entre otros, los relativos a que las imágenes que se capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; no se permite grabar la vía pública; el deber de informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad.
Podemos extraer las siguientes conclusiones:
- La Ley permite la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, por cualquier prestador de servicios, por lo que se legitima el tratamiento de las imágenes derivados de estos dispositivos, sin necesidad de obtener el consentimiento de los interesados, al amparo del artículo 11.2 a) de ley Orgánica 15/1999 y el artículo 10.2 a) del Reglamento de desarrollo de la misma.
- Para la instalación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad, no se exige como regla general, el cumplimiento de los requisitos formales, exigidos hasta la entrada en vigor de la Ley 25/2009, sino que podrá instalarlos y mantenerlos cualquier prestador de servicios.
- Sólo será necesario que se cumplan los requisitos exigidos tanto en la Ley de Seguridad Privada como en su Reglamento, y que hasta ahora debían de cumplirse en todos los casos; esto es, empresa de seguridad debidamente autorizada por el Ministerio del Interior, previa inscripción en su Registro y notificación del contrato, cuando el dispositivo de seguridad esté conectado a una central de alarmas.
- Resulta necesario seguir cumpliendo con todos los requisitos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo.
Si disfrutaste nuestro artículo, siéntete libre de suscribirte a nuestro feed rss
Abril 14th, 2010 a las 14:55
En la mayoría de los casos, la instalación de sistemas de videovigilancia sigue siendo competencia exclusiva de las Empresas de Seguridad Homologadas. ATENCIÓN a la interpretación de la Ley Ómnibus que han realizado interesadamente los distribuidores e importadores de sistemas de seguridad para ampliar mercado. El criterio válido es el de la Dirección General de la Policía (Unidad Central de Seguridad Privada. Os recomiendo visitar el foro de http://www.samuelparra.com/2010/01/07/proteccion-de-datos-videovigilancia-y-ley-omnibus/ y el de la empresa http://www.ttcs.es/foros.php
Exísten varias casuísticas que contradicen lo expresado en este artículo. En Cataluña, por ejemplo, ya se ha aprobado una legislación en marzo del 2010 por los Mossos d’Escuadra en la que se especifícan todos los supuestos.
Abril 14th, 2010 a las 15:42
Hola Carlos, gracias por tu visita y el comentario.
Lo cierto es que sobre este asunto parece haber varias interpretaciones, en algunos casos por divergentes opiniones jurídicas y en otras como dices quizás por intereses comerciales, pero al menos en lo que se refiere a la LOPD creo que el criterio a seguir es el de la AEPD, que es al fin y al cabo el organismo que sanciona su incumplimiento.
Abril 23rd, 2010 a las 9:38
Hola Jesús. Tienes razón en cuanto a la LOPD (mientras la AGPD no cambie de nuevo su criterio).
El problema de las instalaciones de videovigilancia es que NO SÓLAMENTE están afectadas por la LOPD.
De forma interesada, los distribuidores, importadores e instaladores no habilitados por el Ministerio del Interior, están difundiendo la idea de que se ha liberalizado totalmente el sector cuando no es así en absoluto. Se confunde intencionadamente la parte por el todo.
La instalación de sistemas de video vigilancia necesita de una observancia y cumplimiento legislativo técnico y de proceso muy complejo e interrelacionado. Si alguien está interesado en el tema y quiere profundizar, os relaciono las principales normativas que le afectan:
Ley 23/1992 Seguridad Privada
Reglamento 2364/1994 Seguridad Privada
Ley orgánica 15/1999 Protección de Datos
Reglamento 1720/2007 Protección de Datos
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, video vigilancia
Normativa infraestructuras comunes de Telecomunicaciones ICT
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo ICT
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril ICT
Cumplimiento requisitos LEC y LECr para legítima aportación a prueba
(Ley Enjuiciamiento Civil y Enjuiciamiento Criminal)
Saludos a todos.
Abril 23rd, 2010 a las 13:36
Gracias por comentar Carlos.
Efectivamente comparto completamente el sentido de tu comentario: una cosa es la legalidad LOPD de una instalación y otra que simplemente eso ya garantice el correcto cumplimiento del resto de legislación sobre videovigilancia.
Noviembre 12th, 2010 a las 21:11
La Comisión Mixta Central de Seguridad Privada va a publicar en breve 5 Órdenes Ministeriales del MI relativas a la actualización de las Normas europeas EN de seguridad física aplicables en la actualidad, con la inclusión de las nuevas Normas Reguladoras de las características que deben reunir los sistemas de seguridad electrónicos instalados así como las funciones de las empresas de seguridad privada.
En el tema que nos ocupa : “Protección de datos, Videovigilancia y Ley Ómnibus” hay un artículo que define explícitamente el criterio del Ministerio del Interior/ DGP sobre la instalación de sistemas de videovigilancia. Os lo transcribo literalmente a continuación: ORDEN del Ministerio del Interior de fecha XXXXXX (Está en trámite administrativo) sobre empresas de seguridad privada.CAPITULO II. Funcionamiento de las empresas de seguridad. SECCIÓN 2ª DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. Artículo 23. Homologación de sistemas de seguridad. ” A los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de seguridad, el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión o para la protección de personas u bienes, cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial, independientemente de que esté o no conectado a una central de alarmas o centros de control. Se considerará que forma parte de la instalación de un sistema de seguridad, todo aquello que complemente a estos dispositivos, automática, material o procedimentalmente, incluyendo controles de acceso y sistemas de video vigilancia. Cuando la instalación se conecte a central de alarmas, deberá ajustarse a los dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada, considerándose homologados si reúnen las características determinadas en los artículos 22 y 24 de la presente orden.”
El artículo 22 se refiere al “Material de las instalaciones” Normas UNE-EN etc…) y el artículo 24 a las “Características de los sistemas de seguridad”
Resumiendo, queda muy claro que las cámaras de videovigilancia (estén conectadas o no, directa o indirectamente, al sistema de CRA) forman parte integrada del conjunto de sistemas de seguridad. Por lo tanto un particular o empresa que ya tenga contratado un sistema CRA (Tipo Securitas DIrect, Prosegur Activa, ADT…) y que quiera instalar videovigilancia, debe hacerlo a través de una empresa de seguridad homologada por el MI. Los “prestadores de servicios” sólamente podrán instalar legalmente sistemas de videovigilancia en el caso de que no exístan de forma previa otros sistemas de seguridad/CRA. Para estos casos, si posteriormente deciden instalar CRA, deberá intervenir siempre una empresa homologada.
Espero que la Agencia de Protección de Datos se dé la misma prisa para confirmar la adaptación a esta normativa, en el momento que se publique en el BOE, que para comentar la interpretación de la Ley Ómnibus en los sistemas de videovigilancia. Tal como hemos defendido muchos en este foro, poco a poco se están despejando las dudas en cuanto a la legalidad de las instalaciones de videovigilancia tras la pronunciación de los diversos estamentos y organismos intervinientes. Estaba claro que no se podía “liberalizar alegremente” una actividad de Seguridad Privada con elementos tan sensibles como la protección de datos, privacidad de las imágenes y seguridad de las personas y cosas, a pesar de la “Ley Ómnibus”. Atención a las sanciones que se aproximan!